jueves, 2 de febrero de 2023
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AENA podría verse pronto en los tribunales con sus inquilinos

Este martes expiró el plazo para que los arrendatarios de AENA expresaran su decisión en cuanto al plan de reducción de rentas del 50 % planteado por la compañía de gestión aeroportuaria participada por el Estado. El 40 % lo aceptó, el 51 % lo rechazó y el 9 % restante aún no ha contestado, «porque se les enviaron las comunicaciones algo más tarde», según la propia AENA.

Los que han firmado se beneficiarán de una rebaja del 50 %; quienes se hayan negado renuncian a la rebaja pero tienen que pagar. En este momento, AENA tiene cerca de 800 contratos en vigor con diferentes marcas de moda o complementos, restauración, empresas de Duty Free y otros operadores.

La Asociación de Operadores Comerciales de Aeropuertos, que aglutina ya 150 inquilinos, podría tomar algún tipo de iniciativa legal, incluso podrían plantear una demanda colectiva.

AENA había ofrecido una rebaja del 50 % en los alquileres, acogiéndose al decreto aprobado a finales de diciembre por el Gobierno. La empresa renunciaba a cobrar el alquiler de su renta mínima garantizada anual durante el estado de alarma del año pasado (del 15 de marzo al 20 de junio) y propone aplicar el descuento del 50 % desde el 21 de junio de 2020 hasta el 8 de septiembre de 2021.

Ya en su momento, numerosas tiendas y restaurantes consideraron «un atropello» las condiciones y rechazaron «de pleno la oferta», asegurando que la caída de pasajeros y de facturación «es muy superior al 50 %».

La citada asociación pidió entonces a AENA que amplíara el plazo para negociar las condiciones dos meses más y que mientras se llega a un nuevo acuerdo no emita la factura de renta mínima garantizada, ya que pondría en una situación de concurso a muchas compañías.

El operador aeroportuario se defiende así: «La intención es ajustar los contratos a la situación de las partes, ambas afectadas por la pandemia, de forma equilibrada». «Hay que tener en cuenta que AENA es una empresa que se autofinancia, no tiene inversión pública, no depende de los PGE, no se sufraga con los impuestos sino con los ingresos que genera la propia compañía y el tráfico ha caído más de un 70 %».

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