La construcción de Parque Murias, considerado el primer gran centro comercial de Melilla, vuelve a situarse en el foco informativo después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) haya identificado indicios de posibles delitos de prevaricación y malversación relacionados con la adjudicación de los terrenos sobre los que se desarrolló el proyecto, según una información publicada por el diario El País.
De acuerdo con el citado medio, las conclusiones figuran en un informe policial fechado el 4 de marzo de 2026, elaborado en el marco de una investigación que se habría derivado de las diligencias sobre una presunta trama de compra de voto por correo en Melilla durante las elecciones de 2023. La nueva línea de investigación, no obstante, sería independiente de aquella causa.
La UDEF sostiene que existen elementos documentales y testimoniales que apuntan a una supuesta operativa destinada a favorecer a determinadas empresas en el desarrollo del parque comercial. Los investigadores relacionan un documento manuscrito denominado “Operación Valenzuela” con el testimonio de una fuente confidencial, considerando ambas pruebas especialmente relevantes para reconstruir los hechos.
El origen de la operación se remonta a unos terrenos procedentes del Ministerio de Defensa situados en la carretera del Cuartel de Valenzuela. Tras su cesión a la Ciudad Autónoma de Melilla, el Gobierno local modificó en 2014 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir el desarrollo del futuro complejo comercial. Parque Murias abrió finalmente sus puertas en noviembre de 2017.
Así, la fuente confidencial sostiene que la modificación urbanística y el posterior proceso de licitación habrían tenido como objetivo beneficiar a las sociedades Drago, Tres Forcas y Murias, que participaron en el proyecto. La UDEF señala que esta hipótesis deberá ser valorada por la autoridad judicial competente.
Asimismo, el informe policial recoge la sospecha de que la operación habría permitido evitar el pago de determinados tributos locales, concretamente el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), con un supuesto perjuicio económico estimado entre siete y ocho millones de euros. La documentación analizada también menciona presuntas cuentas bancarias en Gibraltar, extremo que forma parte de las líneas de investigación reflejadas en el informe policial.
Entre las personas identificadas por la UDEF en el contexto de las pesquisas figuran diversos responsables políticos y técnicos vinculados al Gobierno de Melilla durante el periodo 2015-2019, incluido el actual presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, según el diario.
Por su parte, fuentes del Ejecutivo melillense consultadas por El País rechazan de forma tajante el contenido del informe policial. Según dichas fuentes, la información sería “absolutamente falsa” y carecería de rigor y contraste con los órganos administrativos competentes. El Gobierno autonómico ha anunciado además su intención de presentar una denuncia contra el autor o autores del informe.
La UDEF concluye en su documento que los elementos recopilados podrían constituir indicios de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y otras posibles infracciones asociadas, si bien corresponde a la autoridad judicial determinar el alcance de los hechos y la eventual existencia de responsabilidades.
Parque Murias representa uno de los principales activos comerciales de Melilla y supuso la llegada a la ciudad de un formato de retail moderno de gran superficie, convirtiéndose desde su inauguración en uno de los proyectos inmobiliarios y comerciales más relevantes desarrollados en la ciudad autónoma durante la última década.
