El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que viene con paquete de ayudas por importe de 4.220 millones de euros para la hostelería, el turismo y el comercio, tres de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19.
Unos 2.000 millones de euros se destinarán a hacer frente al pago de alquileres de locales, tributación por módulos y exoneraciones de cuotas de Seguridad Social, y cerca de otros 2.000 millones para la moratoria de pagos, según explicó la ministra Portavoz, María Jesús Montero, quien añadió que el Gobierno ha preferido estas formas de ayuda al turismo, el comercio y la restauración, en lugar del cheque directo puro que han elegido otros países.
El plan prevé medidas dirigidas a facilitar el pago de alquileres de locales. En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (10 o más locales), el arrendatario que sea pyme o autónomo podrá optar por una reducción del 50 por ciento del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas, y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del estado de alarma.
También podrá elegir una moratoria en el pago del arrendamiento durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del mismo.
El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.
Se estima que podrían beneficiarse unos 190.000 locales, de los que 33.000 corresponderían a actividades relacionadas con el turismo y 157.000 a locales comerciales.
Para el resto de arrendadores de locales, se establece un incentivo fiscal con el que se pretende que las personas físicas que alquilan los locales en los que se desarrollan determinadas actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021. De esta forma, se permitirá computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses.
Este incentivo tiene un coste estimado de 324 millones y permite deducir hasta el 100 % de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. El número de arrendadores que posrían acogerse a esta medida es de unos 323.700.
